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Real apertura en obra pública para el nuevo gobierno estatal
14, Febrero 2017
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Quirino ya ha dado un paso valioso pero no suficiente, en materia de obra pública. Hace unas semanas el Gobierno Estatal decidió transmitir en vivo y por primera vez una licitación pública vía internet y, a pesar de que éste es considerado un logro para los ciudadanos  en materia de transparencia, aún no resulta suficiente para darnos certeza de que los procesos de licitación se están llevando con total legalidad y sin opacidad.

Actualmente hablar sobre el tema apertura en obra pública implica querer conocer el destino y manejo de lo que para el 2014 representó el 60% de inversión estatal, según el 4to informe de Gobierno de Malova; y el 15 y 20% del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ante tal magnitud del asunto, no resulta extraño que las contrataciones sean el riesgo de corrupción más importante del gobierno y con mayor opacidad.

Para el caso de Sinaloa, según el índice de Obra Pública Abierta, Sinaloa 2015 “#Íopa”, el nivel de transparencia de la obra pública que contrata el gobierno estatal a través de la plataforma Compranet, fue de 4 puntos de 10, asimismo en la información mínima de oficio a difundir por parte de la SDUOP obtuvo una calificación de 4 al contar únicamente con 12.5 puntos de 28.

Bajo este escenario es de notar que la nueva administración tiene un reto mayor que va más allá de la transmisión en vivo de las licitaciones públicas ¿Por qué no hacer público la planeación, programación y presupuestación de la obra pública? O bien, ¿Por qué no trabajar en conjunto con el poder legislativo para reducir las 14 excepciones que permiten la adjudicación directa, o mejorar los índices de transparencia en obra pública?

Avanzar hacia las contrataciones abiertas ya es una posibilidad y al ser impulsadas desde el ámbito internacional como el nacional, nos indica que Sinaloa no debe mostrarse ajeno a éstas.

Open Contracting, Transparencia Mexicana, Iniciativa Sinaloa son algunas de las tantas organizaciones que se han dedicado a formular recomendaciones a los gobiernos para que el dinero de los contribuyentes se vea materializado en beneficio público. El Gobierno estatal inició con el pie derecho en la materia, pero aún le quedan 4 años y 9 meses para que nos demuestre que mantiene y fortalece el compromiso.

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