Asunción.- En medio de una calma, por demás llamativa, el nuevo presidente de Paraguay, Federico Franco, intentaba consolidar ayer su gobierno, mientras buen parte de la comunidad internacional, encabezada por los países de la Unasur, se niega a reconocer su gobierno, surgido de un vertiginoso y fugaz juicio político con el que se destituyó a Fernando Lugo.

Con un país aún absorto y con los partidos que apoyan a Lugo organizándose para diferentes manifestaciones en los próximos días, Franco dio ayer una conferencia de prensa en la que pidió en todo momento “la comprensión” de la comunidad internacional y, principalmente, de los países vecinos que se niegan a avalar la decisión del Congreso.

“Aquí no hubo golpe de Estado, entendemos la contraposición de los presidentes como (Hugo) Chávez pero ofrezco mis mejores servicios, mi mejor voluntad, mi inteligencia y mi tiempo para tratar de disuadir a los países vecinos de esta situación”, señaló Franco, quien adelantó que instruyó a su canciller José Felix Fernández Estigarribia para que las embajadas expliquen lo que pasa en Paraguay.

Sin embargo, Argentina anunció ayer el retiro de su embajador en Asunción tras la destitución de Lugo, mientras Brasil condenó la destitución del presidente paraguayo y convocó a consultas a su embajador. El gobierno de Dilma Rousseff también anunció que evalúa junto con sus socios del Mercosur y de la Unasur las medidas para hacer frente a la “ruptura del orden democrático” en el país vecino, que podrían contemplar eventuales sanciones.

El canciller brasileño Antonio Patriota aseguró en Brasilia que el gobierno de Rousseff seguirá la posición de Unasur y que ya existiría consenso para cuestionar con fuerza “la falta de tiempo y las formas para que la defensa del presidente Lugo se expidiera normalmente”.

Con una primera imagen de tranquilidad, con un poco más de presencia militar en las calles, como el retén ubicado en el comienzo de la avenida Leonísimo Luqueño, el clima político paraguayo dista de ser normal.

Desde el jueves, Brasilia mantiene suma cautela, considerando que sus intereses en Paraguay van más allá de un gobierno o de otro, en este país de 6.4 millones de habitantes. Es que recibe buena parte de la cuota de la represa de Itaipú que Paraguay no utiliza y las empresas brasileñas representan el primer origen entre las extranjeras que operan en el país.

Eso sin contar la presencia de “los brasiguayos” (brasileños nacionalizados paraguayos) que conforman buena parte de ese 2% de la población que ostenta el 85% de tierras cultivables de soya.

“Brasil siempre tiene intereses fuertes en Paraguay, por eso tanta cautela. Si se observa el juicio político, estuvo dentro de los cánones institucionales, pero la rapidez y la falta de una defensa seria es absolutamente cuestionable”, explicó el especialista brasileño en relaciones latinoamericanas, Carlos Brigadao.

De hecho, Franco en la conferencia de prensa, se ocupó de tender puentes con Brasil al decir que “espera trabajar con la presidenta Rousseff” y aclarar que “cumpliremos todos nuestros compromisos internacionales y “los brasileños nacionalizados paraguayos tendrán siempre un trato preferencial”.

Sólo España y el Vaticano han reconocido hasta ahora a la administración Franco. Estados Unidos llamó a la calma y la región, incluido el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera, se muestran reacios a convalidar lo sucedido.

Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” por la destitución de Lugo, en lo que consideró “un juicio político altamente cuestionable”.

El secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Canton, aseguró que “es una parodia de justicia y un atropello al estado de derecho remover a un presidente en 24 horas, sin garantías para defenderse”.

En tanto, el partido MAS llamó a desconocer al gobierno de Franco y a manifestarse a favor del “único presidente constitucional, Fernando Lugo” y se creó a la carrera el Frente por la Defensa de la Democracia (FDD), conformado por agrupaciones de centroizquierda y otras organizaciones sociales paraguayas, que en su primer documento denunció “el quiebre institucional y del estado de derecho en Paraguay”.

La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) advirtió por su parte que la “nueva forma de golpe de Estado” en Paraguay tiene la finalidad “de atacar los procesos de independencia e integración latinoamericana y caribeña”.

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