Sinaloa, con baja calificación en transparencia Ayuntamientos, partidos y sindicatos son los que han arrastrado al estado a un 64.29 por ciento, señaló la presidenta de la Ceaip
Fotógrafo: Carola Rojo 12/SEP/2017 Por Carola Rojo
Culiacán, Sin.- La verificación diagnóstica que realizó la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública arrojó un 64.29 por ciento de calificación para Sinaloa en materia de transparencia y calidad de la información publicada en los portales de internet de los sujetos obligados, reveló Rosy Lizárraga Félix.  

La presidenta de la Ceaip, lamentó que ayuntamientos, partidos políticos y sindicatos son los más opacos y han provocado que esta entidad se ubique en un nivel de no satisfactorio.

“Los ayuntamientos, los partidos políticos y sobre todo los sindicatos son los que jalan a Sinaloa a no tener mejor calificación, en el caso específico de los sindicatos un desconocimiento completo de la ley, en el caso de los partidos políticos, ellos son sujetos obligados desde hace 15 años y sin embargo la mitad de los partidos políticos siguen sin cumplir o sin tomar en cuenta el tema de la transparencia”, dijo.

Lizárraga Félix detalló que el PRD, Morena y PT tienen cero de calificación, los dos últimos ni siquiera cuentan con página de internet, mientras que Movimiento Ciudadano obtuvo 9.7, el PAS 73.3 por ciento y Encuentro Social, Panal, PRI, PAN y el Partido Verde se ubican en nivel aceptable en un rango de cumplimiento del 74 al 84 por ciento.

En el caso de los ayuntamientos los más opacos son Escuinapa, Badiraguato, Angostura, Rosario y San Ignacio con porcentajes de 8.8 a 24.7.

En los organismos autónomos, los que se ubican en incumplimiento son Tribunal Estatal Electoral con 45 por ciento, la Universidad Autónoma de Sinaloa con 33.76 por ciento y el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje con cero por ciento de información.

Detalló que las instancias tienen hasta el 15 de diciembre del plazo para solventar y cumplir con la información, de lo contrario la CEAIP a partir del primer día hábil de enero del próximo año podrá iniciar proceso de responsabilidades a través de denuncias ciudadanas o de manera oficiosa que podrían terminar en sanciones.

“Como órgano garante estamos facultados a imponer medidas de apremio que puede ir desde un apercibimiento público al sujeto obligado que no cumpla o a una sanción económica que fluctúa desde los 11 mil pesos hasta los 115 mil 120 mil pesos aproximadamente”, expuso. 

Dio a conocer que se pueden aplicar apercibimiento público o una sanción económica de 11 mil hasta 120 mil pesos dependiendo del caso. 

Los mejores calificados son Poder Legislativo con 82 por ciento, Ejecutivo 87 y Judicial 91 por ciento. 
                      
TJ